“Declaración de Santiago + 30”, el compromiso con la prensa libre y la democracia
Organizaciones internacionales y nacionales defensoras de la libertad de prensa suscribieron el jueves 2 de mayo la “Declaración de Santiago + 30”. El pronunciamiento aborda nuevos desafíos políticos, sociales y tecnológicos que encara el periodismo en el mundo.
La Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras (AMMPE World) fue parte del evento, siendo representada por su presidenta Elia Simeone.
Entre las entidades firmantes, se cuentan la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA), el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), así como asociaciones nacionales de medios de comunicación en nueve países de América Latina y Europa, entre ellos España, Portugal, Argentina, Chile, Brasil, Colombia, México, Perú y Ecuador.
Reunidas en un encuentro organizado por la Asociación Nacional de la Prensa, en la Universidad Católica de Chile, las entidades periodísticas plantean una nueva mirada sobre la “Declaración de Santiago” publicada en 1994, en la propia capital chilena y bajo los auspicios de la UNESCO, con el propósito expreso de reafirmar el “compromiso con una prensa libre, un discurso público vibrante y el florecimiento de sociedades democráticas en Iberoamérica y el Caribe”.
La “Declaración de Santiago + 30” surge en el entorno de la reunión convocada nuevamente por UNESCO en esta ciudad, para celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En 1994 se hizo bajo el lema “El Desarrollo de los Medios de Comunicación y la Democracia en América Latina y el Caribe” y en esta oportunidad el tema de la reunión será “El periodismo ante la crisis ambiental”.
Las asociaciones periodísticas realizan esta aportación al debate sobre nuestras libertades, la democracia y la sostenibilidad de la industria periodística. Así lo hizo en 2021 la “Declaración de Windhoek + 30”, un documento que también abraza los retos de la transformación digital de los medios –en ese caso, en África– y el impacto que tienen las grandes empresas de tecnología y las redes sociales en la libertad de expresión.
El contenido de la “Declaración de Santiago + 30” fue presentado durante el ciclo de conferencias organizado por la UNESCO, en particular durante el panel titulado “Perspectivas sobre cómo actualizar la Declaración de Santiago a los nuevos tiempos”, que se realizó el viernes 3 de mayo en el Centro Cultural Gabriela Mistral, de Chile, con la participación de los presidentes de WAN-IFRA, Fernando De Yarza López-Madrazo, y de la SIP, Roberto Rock.
La “Declaración de Santiago + 30” exhorta a los Estados, organizaciones intergubernamentales, empresas de tecnología, medios de comunicación y al periodismo en general a asumir “un esfuerzo de colaboración” que consolide “la libre expresión como un derecho humano fundamental y piedra angular de las sociedades democráticas e informadas”.
Entre sus aspectos más destacados, el documento pide a los Estados evitar las narrativas de polarización política; proteger a periodistas; garantizar el libre flujo de información y el acceso a información pública; apoyar la sostenibilidad del periodismo independiente, y alentar condiciones de negociación equilibradas entre medios y plataformas digitales por la distribución de contenidos.
También solicita a organizaciones intergubernamentales impulsar políticas públicas a favor de la existencia de una prensa plural e independiente, fomentar la creación de medios en zonas rurales e incentivar campañas públicas de alfabetización mediática y digital.
A las empresas de tecnología, las exhorta a transparentar sus políticas de moderación de contenidos; combatir la desinformación; respetar las leyes de derechos de autor y propiedad intelectual; explorar nuevos modelos de negocio sostenibles para las partes, que garanticen una compensación justa por los contenidos noticiosos que las plataformas distribuyen, y observar los principios de competencia en el ecosistema publicitario.
A los medios y al periodismo, se les exhorta a resistir la censura, la autocensura y la influencia indebida; sostener principios de calidad y transparencia; crear protocolos de seguridad para su personal, y reforzar sus políticas de inclusión de género, raza y diversidad. También se les sugiere abordar nuevos modelos de negocio y herramientas que los dote de mayor sostenibilidad.
